Las CC.AA. quieren seguir robándonos

El gobierno de España ha tomado la reducción del décifit como su principal objetivo económico. Para ello ha decido tomar ciertas medidas de reducción del gasto público, parte de esas medidas obligan a las CC.AA. a realizar ajustes presupuestarios, escasos en mi entender, pero los que ha considerado el gobierno. Pero las CC.AA. no quieren hacerlos, es más, piden más capacidad de endeudamiento y alguna incluso ha llegado a pedir que la insolidaridad fiscal –el concierto que tenemos con las tres provincias vascas y la Navarra– se extienda a otros territorios. ¿Y son las diputaciones provinciales las instituciones que hay que eliminar en España?

Siempre he defendido que la descentralización de la administración debía haberse hecho en las diputaciones –cuya historia se remonta a la constitución de 1812– y en los municipios, en vez de en el invento este de las CC.AA. Lo he defendido antes y no voy a dejar de hacerlo ahora por mucho que se ha puesto de moda atacar a las diputaciones. Esta es mi única motivación y no el escribir al dictado de nadie, nunca lo he hecho y creo que nunca lo haré, o a la búsqueda de nosequé beneficio personal.

Quiero aprovechar la ocasión para mostrar mi extrañeza en el afán, en los últimos tiempos, de algunos por eliminar las diputaciones provinciales y el senado. En la inmensa mayoría de las diputaciones, el PSOE está en la oposición. En la de Palencia lo ha estado siempre y para el futuro no se vislumbra un cambio al respecto. Otro dato, el PSOE no es el partido mayoritario en el senado desde 1993, es decir, ni teniendo el gobierno de España. Pero, claro, yo soy el que tiene intereses ocultos por no sumarme a esta moda. De la misma forma, también me llama la atención que en los “viernes negros” de los funcionarios se pida la lógica reducción de los asesores de los partidos pero, en cambio, no se pida, la igualmente lógica, supresión de los liberados sindicales.

En defensa de las diputaciones

Si viviese en la provincia de Barcelona, donde los municipios son grandes, podría considerar que la diputación es una institución que no aporta nada, que es prescindible. Pero siendo de Palencia –una provincia donde de los 191 municipios que existen, salvo la capital, ninguno supera los 10.000 habitantes, en cambio tenemos más de sesenta que no llegan a cien paisanos y otros casi cien que no llegan a las quinientas personas– pedir que eliminen las diputaciones sería de bobos.

Es que nos cuestan mucho y no sirven para nada.

Vale, echemos un par cuentas. El presupuesto para este año 2012 de la Diputación de Palencia asciende a casi 70 millones de euros, incluyendo la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva y el Patronato Provincial de Turismo. Si la cerrásemos, en personal solo nos ahorraríamos lo que se llevan los diputados y sus asesores. El resto son funcionarios de carrera que a otra institución deberían ir. También podemos cambiar la ley y volver a los tiempos de Romanones, que cada vez que este recalaba en presidencia del consejo de ministros, se traía de Guadalajara con él un tren cargado de “funcionarios”. Este ahorro, metiendo todos los gastos de los grupos y tirando por lo alto, sería de millón trescientos mil euros, y si llegan. El resto de los gastos se mantendrían, porque allá donde fuesen los funcionarios luz y teléfono seguirían gastando. Salvo que las funciones que realizan las diputaciones se dejasen de prestar.

No servirán para nada, pero en Palencia es la institución que recauda los impuestos municipales de la inmensa mayoría de los pueblos. Es la institución que más ayuda a los municipios y la que hace una verdadera homogenización de los servicios en todo el territorio provincial. Que se puede mejorar la forma de prestar esos servicios. ¡Hombre! y prestar otros servicios distintos. Pero una mejora no es una eliminación.

Lo que hace la diputación lo puede hacer la delegación de la junta.

En esto estoy en total desacuerdo. Independientemente de lo feos que nos parezcan el presidente de la diputación y los diputados provinciales –o lo cansados que estemos de ver que siempre son de derechas, que también influye mucho– no dejan de ser políticos, de ser cargos elegidos democráticamente, aunque no compartamos la forma de elegirlos; frente a funcionarios puestos por el centralismos pucelano –que no representan a nadie, simplemente son parte de la administración– que es lo que tenemos en la delegación de la junta. Es más, que levante la mano aquel que haya tenido contacto con un jefe de servicio y que este haya sido más cercano que un diputado provincial. Subo la apuesta, comparadme al José María Hernández presidente de la diputación y al mismo cuando era delegado de la junta. Pues eso. Y si aún tenéis dudas preguntad a los alcaldes que prefieren, una diputación –por muy caciquera que sea– o una delegación de la junta, con todo el peso administrativo que trae consigo.

Lo que pasa es que tú eres un cacicón, como todos los de la diputación.

¡Mira! te ha salido un pareado. Pero no te quito la razón. No en que yo sea un cacicón, que para eso hay tener o mando o posibles, y yo de ambas cosas carezco. Te doy la razón en que el sistema de elección de los diputados hace que la compra de voluntades del que ya está instalado sea algo común. Como será la cosa que, en ciertos casos, supera incluso a la dictadura de la partitocracia, sistema de promoción política imperante en el resto de instituciones de este país –políticas y no políticas–. Actualmente en la Diputación de Palencia hay al menos cinco diputados del PP, José Antonio Arija, Jesús Duque, Miguel del Valle, Montserrat Infante y Adolfo Palacios, que el partido no quería mantener, pero a los que no pudieron quitar.

Eliminando la institución no eliminas el caciquismo. El caciquismo se elimina con trasparencia, con un exhaustivo control de los gastos –de ahí la última reforma que obliga que todo gasto tenga que ser aprobado por el diputado de hacienda–, con fuertes sanciones a los infractores, sanciones impuestas por entidades verdaderamente independientes, etc. También ayudaría que los diputados provinciales fuesen elegidos por sufragio directo, como en el País Vasco. Esto es algo que yo sí cambiaría.

¿Qué fue del catalán trabajador y ahorrador?

Tras la solicitud de acogerse al “fondo de liquidez para las comunidades autónomas” (vamos, lo que se dice un rescate) hecha pública por Valencia y Murcia, ahora es Cataluña la que se reclama su inclusión en tan selecto grupo para que el litoral mediterráneo quede completamente cubierto por la manta financiera estatal.

Hay una diferencia no obstante en las maneras utilizadas por las tres autonomías para realizar tan funesto anuncio, pues mientras que en Valencia y Murcia sus dirigentes lo hicieron marcados con gestos que reflejaban cierto tinte de derrota, en el caso catalán parece como si el gobierno de Convergencia y Unión nos estuviera haciendo al resto de los españoles el inmenso honor de aceptar nuestro dinero para seguir gastando como hasta ahora.

Siga leyendo el artículo colgado en Libre Mercado por el siempre genial Pablo Molina.

El otro Garzón

Lo reconozco, soy de los que se alegraron cuando, al fin, permitieron que Gómez Bermúdez fuese el juzgador del 11-M. No sabía nada de él, pero si el comando Rubalcaba se esforzó tanto por intentar sustituirlo por Baltasar Garzón, algo bueno tendría. Un conocido suyo de sus tiempos de estudiantes de derecho me comentó: “No te fíes de este pájaro, antes es de izquierdas que juez”. En cambio, sus primeras actuaciones como juzgador del 11-M me daban la razón. Pero en un momento dado la cosa empezó a torcerse y vimos todo lo que llevaba dentro el día que nos dio el espectáculo de la presentación televisiva de la sentencia de la masacre de Atocha. Llegando incluso a decir cosas que luego no coincidían con lo puesto en dicha sentencia.

Pero donde se mostraba lo garzonita del personaje era en “La soledad del juzgador”, nauseabundo panfleto escrito por su señora, Elisa Beni. Después vendrían las condecoraciones del gobierno socialista. Hasta en tres ocasiones, Gómez Bermúdez, ha obtenido de manos de Alfredo Pérez Rubalcaba, el por entonces ministro del interior, condecoraciones. Todas ellas con su correspondiente pensión.

Recordemos que su penúltima hazaña, realizada poco antes de abandonar la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, fue la de abocar al Pleno de dicha Sala la decisión del juez Pablo Ruz de procesar a tres altos cargos socialistas por el chivatazo a eta en el bar Faisán. Con lo que consiguió que, semanas antes de las elecciones generales, el caso que implicaba a los adláteres de Rubalcaba fuese trasladado al juzgado de Irún y que allí, desde entonces, duerma el sueño de los justos, en este caso de los injustos.

La última garzonada la ha realizado, el juzgador solitario, con la puesta en libertad de dos de los presuntos secuestradores de Publio Cordón. En un caso tan mediático no ha podido abstraerse de dejar su cagalita para que todo el mundo sepa que él ha estado ahí. Los diecisiete años de investigación o el sufrimiento de una familia –incluyendo la entereza de una SEÑORA como Pilar Muro– le importan una higa. ¡Cuanta razón tenía aquel que me dijo que no era de fiar!

Coda: que mayor prueba de la garzonización de su señoría, cuando el mismísimo Garzón lo alaba.

El fin del estado de las autonomías

Podemos poner a los funcionarios a trabajar gratis. Podemos subir los impuestos hasta el infinito. Podemos emitir deuda pública con una fotocopiadora. Podemos implorar que al BCE nos compre esa inmensa deuda. Podemos hacer mil cosas, pero hasta que no se meta mano en la ruina nacional de las autonomías, la prima de riesgo no bajará. Los inversores no son tontos, saben que la mayor parte del déficit corresponde a las autonomías y que no están dispuestas motu proprio a rebajarlo. Es más, se vio el otro día en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que lo que quieren es gastar aún más.

Las autonomías no son un tiro en el pie de España, sino un tiro en la barriga. En esta crisis estamos comprobando con toda su crudeza lo que significa el haber creado estos miniestaditos. Fuera de nuestras fronteras observan con estupor como un gobierno elegido por un parlamento donde su partido tiene la mayoría absoluta, partido que gobierna en la mayoría de las CC.AA. y de los municipios, es incapaz de imponer su política económica en una gran parte de la administración pública. Y todo eso a pesar que financieramente las autonomías están en la miseria, pero que tienen tanto poder que pueden seguir exigiendo fondos al estado central y no dejar de caminar hacia la secesión.

No podemos pedir aspirinas a Europa sin que primero curemos el balazo en la barriga que nos desangra. Y el cirujano que nos cosa las tripas, antes tendrá que quitarnos la pistola cargada que aún mantenemos amenazante sobre nosotros mismos. Nadie puede tomarse en serio a España hasta que no lo hagamos nosotros. Y esto no pasará hasta que el gobierno no presente un plan, sí un PLAN, no cuatro ideitas sueltas, de desmantelamiento de las CC.AA., y si no es de desmantelamiento, si al menos de reducción de su estructura y su adecuación como administraciones al servicio del interés general, es decir, de la nación. Un plan detallado y datado, con su reforma constitucional correspondiente, con el resto de la legislación que de ella derive, con sus plazos y con el resultado final al que se aspira obtener.

En lo urgente, que es lo económico, sustituiría a los ministrines de hacienda por funcionarios del ministerio de Montoro. Así evitaríamos el bochornoso espectáculo de los políticos de boina por evitar ser los primeros en pedir a la administración central el dinero del fondo de rescate, negando que sea un rescate, y demás alpargatadas. Todas intervenidas desde el minuto cero, aplicando los ajustes necesarios en cada una –que a todas, más o menos, les hacen falta– y allanando el camino para la reestructuración de la administración que tanta falta nos hace, más allá de la crisis económica. Y cuando el gobierno español gobierne España, ya podrá pedir que Europa le ayude.